Tenemos muy claro que el futuro son los niños, y así, velamos por que sus derechos se vean respetados al tramitar los procedimientos de adopción; privación de patria potestad para uno de sus padres; guarda, custodia y tutela de los mismos; medidas paternofiliales, y los procedimientos de incapacidad y prolongación de la patria potestad para aquellos menores que carecen de capacidad independiente cuando alcanzan la mayoría de edad legal.

 

En el ámbito de la familia, como ya hemos mencionado, lo más importante son los menores y su estabilidad; sin embargo, en ocasiones, son los propios menores los que se encuentran en situación de riesgo o provocan ese riesgo. En este sentido, nos hacemos cargo de los procedimientos de responsabilidad de menores que hayan cometido un delito o infracción que sea sancionada por la Ley del Menor. Se asume socialmente que de los actos provocados por los menores responderán sus progenitores, por lo que también tramitamos negociaciones y procedimientos de reclamación de responsabilidad civil por los mismos.

 

Si debemos definir qué es la privación de la patria potestad, lo indicaremos como aquel procedimiento por el que se deja sin efecto la paternidad de una persona, se retiran sus derechos y obligaciones. Estos procedimientos deben ser por una causa grave, que justifique que el mayor beneficio del niño es que esa persona se vea privada de su carácter de progenitor.

 

En cuanto a los procedimientos de incapacidad y prolongación de la patria potestad, debemos manifestar que no siempre nuestros hijos tienen la edad mental que sus cuerpos tienen, o no siempre nuestros hijos pueden actuar de manera independiente al adquirir la mayoría de edad. En estos casos se prolonga la patria potestad, es decir, que nuestros hijos continuarán siendo menores de edad pasados los 18 años. Sin embargo, existen situaciones que representan todo lo contrario, en este caso estaremos ante emancipaciones, que pueden realizarse desde que el menor tiene 14 años, éste será considerado a todos los efectos como mayor de edad. Esto implica que el único responsable de sus actos será él mismo, e implica a su vez que tiene capacidad jurídica plena para actuar, sin necesidad del consentimiento de sus padres o tutores.